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Fuerza Popular aceptaría invitación al diálogo de premier Mercedes Aráoz

Vocero alterno Héctor Becerril calificó como “saludable” que jefa del gabinete “tienda puentes” con todas las bancadas.

El vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, Héctor Becerril, calificó como “saludable” la disposición de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, de dialogar con los distintos bloques políticos representados en el Parlamento.

“Lo que esta haciendo Mercedes Araóz es muy saludable, tiende puentes con todas las bancadas, no solo con el fujimorismo, conocedora de cómo se maneja internamente el Congreso. Con la experiencia que tiene, sabe que es fundamental el diálogo alturado, frente a frente y no mandar mensajes si deseas conversar”, comentó.

Becerril anticipó, asimismo, que Fuerza Popular aceptaría la invitación al diálogo de Mercedes Aráoz. “Seguramente vamos a aceptar, no hay por qué no hacerlo. Va a ayudar mucho a mantener el clima de tranquilidad que se está viendo actualmente”, refirió.

El parlamentario fujimorista, sin embargo, afirmó también que espera que, a la par del diálogo, “los ministros actúen de la manera que esperamos, sin dispararse  a los pies y hacer actos que ameriten interpelación o control político”.

“Que haya este clima no implica que dejemos de cumplir con nuestras funciones de fiscalización. Sería grave, hasta para la propia democracia, que, si en algún momento hay que interpelar o se amerita una censura, haga cuestión de confianza. Sea así o no actuaremos según la Constitución”, concluyó Héctor Becerril.

 

Peru21

Manifestantes exigieron en las calles la aprobación del uso medicinal de la marihuana

Madres de la organización Buscando Esperanza exigen que en el proyecto de ley que se debate en el Congreso, se incluyan los cultivos colectivos o el autocultivo como medios para conseguir el aceite medicinal.

La marcha a favor del uso medicinal del cannabis finalizó sin contratiempos. Cerca de 300 personas partieron en el Campo de Marte, avanzaron por la Av. 28 de Julio, luego por la avenida Garcilazo de la Vega, hasta que llegaron a la Plaza San Martín, en pleno centro de Lima, al promediar las 4 de la tarde.

La movilización estuvo encabezada por las madres de la agrupación Buscando Esperanza y sus hijos, quienes padecen, en su mayoría, enfermedades incurables. También estuvo presente el congresista Alberto de Belaunde, quien ha respaldado firmemente el proyecto del Ejecutivo.

Los manifestantes, antes de partir, compartieron durante un largo rato diversas experiencias en torno a las propiedades medicinales de la planta y sus efectos . La mayoría de ellos están convencidos del poder de una planta que durante muchos años, coinciden, ha sido mirada en menos. Mientras tanto, la marcha continuaba por 28 de Julio.

“¡Autocultivo es la solución, por eso le decimos no a la importación!”, gritaban las madres, apenas se dio inicio a la marcha. Ellas exigen que en el proyecto de ley que se debate en el Congreso se incluyan los cultivos colectivos o el autocultivo como medios para conseguir el aceite medicinal. No quieren que esto quede en manos de las empresas farmacéuticas.

Eduardo Vásquez, uno de los padres presentes en la marcha, cuenta que su hijo de 4 años padece el Síndrome de West, lo que le genera convulsiones. El cannabis ha sido una alternativa efectiva para ayudarle a su hijo Joaquín a reconectarse con la realidad. “Es verdad, funciona”, aseguró.

Marihuana medicinal. Foto: Esteban Acuña)

Casos como el de Eduardo abundan. Son madres y padres comprometidos en brindarle a sus hijos una mejor calidad de vida. No para curar, sino para tratar sus dolencias. Al finalizar la marcha, regresaron a sus casas en silencio: solo ellos saben lo importante que es que se apruebe el uso terapéutico de la planta.

 

Peru21

 

Premier Mercedes Aráoz se reunirá con bancadas parlamentarias

Presidenta del Consejo de Ministros dijo que espera una “dinámica diferente, de respeto mutuo y diálogo”.

a presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, informó que ha solicitado entrevistarse con los diferentes grupos políticos representados en el Parlamento con el fin de buscar un entendimiento que permita lograr una “dinámica diferente, de respeto mutuo y diálogo”.

“Empezamos buscando al presidente del Congreso y ya solicité entrevistas con todas las bancadas. (…) El anterior primer ministro empezó una relación para poner una agenda legislativa conjunta y un diálogo más fluido. Vamos a mejorar esa línea”, comentó la premier.​

En entrevista concedida al diario El Comercio, Mercedes Aráoz dijo que confía en que todos entiendan su corresponsabilidad ante el pueblo. “De nuestra parte habrá diálogo con todas las fuerzas, pero también esperamos que ellas sigan dando gestos de buena voluntad y diálogo para cumplir los compromisos”, manifestó.

Relación con el Congreso​

La jefa del gabinete ministerial agregó que ha habido momentos “en los cuales fue muy difícil avanzar” en la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, pero añadió que “ahora esperamos una mayor agilidad”.

“Habrá una acción de control político, la cual es totalmente necesaria porque tampoco el Ejecutivo puede andar sin control. Pero esperamos un control bien estructurado, basado en fundamentos o preguntas consistentes. No en la crítica personal”, remarcó.

En otro pasaje del diálogo, Mercedes Aráoz anticipó que hará cuestión de confianza ante una eventual amenaza de censura a un ministro si es que esta pone en riesgo una política de Estado.

“Sí (plantearemos cuestión de confianza) porque nosotros queremos defender las políticas públicas que el presidente Kuczynski nos ha marcado”, subrayó.

 

Peru21

Las pruebas de la PDI contra el principal sospechoso del caso Sofofa

Rubén Aros cobró por detectar micrófonos, pese a que era imposible hallarlos con la máquina que utilizó. Informe revela que tenía una red de “agentes”. A uno le pidió monitorear las noticias de la elección en el gremio.

El ex carabinero Rubén Zito Aros es hoy el principal sospechoso del caso del presunto espionaje al interior de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). La Brigada del Cibercrimen de la PDI, sin embargo, no lo tiene en la mira por haber intentado capturar conversaciones privadas al interior de la entidad gremial, sino porque dicho espionaje nunca habría ocurrido. La investigación policial apunta a que Aros instaló los micrófonos que fueron encontrados por él en las oficinas de la presidencia de la asociación de empresarios.

De esta forma, Aros habría engañado a los representantes de Sofofa para hacerles creer que habían sido espiados y así cobrar dinero por sus servicios de seguridad. Eso sí, el imputado habría solicitado a un colaborador hacer un seguimiento a todas las noticias relacionadas con la elección de presidente del gremio y del hallazgo de los micrófonos.

A través de un informe de 45 páginas que la Brigada del Cibercrimen entregó al fiscal Roberto Contreras, de la Fiscalía Oriente, se detalla todo el trabajo que los detectives realizaron para aclarar este caso. Así, el documento incluye las declaraciones de las personas que tuvieron algún grado de participación en este caso, así como las diligencias elaboradas para llegar a la conclusión de que, en realidad, la Sofofa nunca fue espiada.

La investigación se inició el pasado 26 de mayo, cuando el entonces presidente del gremio, Hermann von Mühlenbrock, denunció ante el Ministerio Público el hallazgo del micrófono. Quien lo había encontrado había sido Aros, de la empresa de seguridad informal Profasis. Poco antes el imputado había hallado un dispositivo similar en el despacho del ex vicepresidente de la Sofofa José Llugany, en la oficina que ocupaba en Carozzi.

En el marco de estas pesquisas, los policías incautaron el teléfono celular que usaba Aros, estableciendo que Profasis trabajaba con un grupo de siete colaboradores a los que el imputado llamaba “agentes”. El rol de estas personas era recopilar datos de personas a través de diversas vías o infiltrarse en firmas para recabar información.

“Destacándose (entre los colaboradores) su hija Angélica Aros González y su yerno Carlos Albornoz Díaz, ambos funcionarios de Carabineros de Chile, dependientes de la Prefectura de Aconcagua, quienes proveían información reservada obtenida desde las plataformas informáticas de esa institución”, señala el informe policial.

Otra de las personas que operaba como “agente”, según el documento, sería Andrés Moya Valenzuela. Al respecto, el informe señala que a través de las conversaciones entre ambos establecieron que “el imputado insertó a esta persona en la empresa Emasa, con la finalidad de reportar los movimientos de los funcionarios dependientes del centro de distribución ubicado en la comuna de Maipú. Adicionalmente, dicho colaborador mantenía informado a Aros Oñate, respecto a las noticias contingentes de la Sofofa, en cuanto a la candidatura de la presidencia y hallazgo de los micrófonos”.

Hallazgo imposible

En sus conclusiones, la PDI asegura que “se estableció que no existió espionaje tanto en dependencias de Sofofa y Carozzi, ya que se determinó que los minimicrófonos espía habían sido implantados por Rubén Zito Aros Oñate y Lorena López López (su pareja y con quien trabajaba en Profasis)”.

Para sustentar su información, los detectives relatan que acudieron hasta la tienda La Casa del Espía, lugar en que el imputado había arrendado la máquina que hacía el barrido que permitía detectar los dispositivos. En dicha tienda les indicaron que el aparato sólo funcionaba si estaba emitiendo frecuencia, lo que no sucedió en ninguno de los dos casos. “Se estableció que dicho dispositivo espía se encontraba en modo reposo o stand by. Esto significa que con la máquina detectora de barrido electrónico no es posible detectarlo mediante frecuencia”, dice el peritaje.

El análisis policial también cuenta con la declaración de su pareja, Lorena López, quien acompañó a Aros a la Sofofa el 19 de mayo, día en que encontró el micrófono. La mujer entregó un detalle clave: que mientras se hacía el rastreo, el sospechoso tapó las cámaras de seguridad. “Rubén Aros realizó el mismo procedimiento (usado en Carozzi) de tapar las cámaras de seguridad, en razón a no tener problemas con interferencias, las cuales estaban ubicadas en la oficina de la secretaria, y otra destinada a las urnas para las elecciones de presidente. El barrido electrónico encontró un elemento de audio espía en la oficina de un alto ejecutivo”, indicó la mujer. El valor de cada una de estas operaciones era de $ 2,5 millones. Al finalizar el escrito, los detectives indicaron que “en el transcurso de la presente investigación, tanto Rubén Zito como Lorena López sistemáticamente han obstaculizado las diligencias, entregando información errónea en sus declaraciones, ocultando información y mintiendo (…) Por tal motivo, se sugiere a esa fiscalía, y luego de realizar el respectivo análisis del presente informe policial, considerar la formalización de nuevos cargos contra los imputados Aros y López”.

Se cierra el círculo

El detective del Cibercrimen, comisario Christian Fernández, indicó que “creo que se podría dar por cerrada la investigación policial, porque hemos analizado la información a nivel general y no hemos encontrado evidencia que permita vincular a Aros con personal de Sofofa o Carozzi. Pienso que terminado el análisis de la información técnica, si descartamos la participación de terceros, estaríamos cerrando el círculo”.

 

La Tercera

Potash explora la venta de su 32% en SQM y entrega mandato a dos bancos

Se trata de Goldman Sachs y BofA Merrill Lynch. Proceso se da en medio de la fusión de Potash y su rival Agrium. Negocio avanza justo mientras las acciones de la minera y de las cascadas protagonizan un rally en bolsa.

La venta del 32% que la canadiense Potash Corp. of Saskatchewan (Potash Corp.) mantiene en la chilena SQM va tomando forma.

Para explorar esta opción, la compañía entregó un mandato a dos bancos, Goldman Sachs y Bank of America Merrill Lynch (BoFAML), dos instituciones que han asesorado a Potash en distintas ocasiones, siendo el actual proceso de fusión con Agrium uno de ellos. Justamente, la decisión de entregar este mandato tiene estrecha relación con esa combinación, pues el traspaso de algunas de las operaciones de Potash en empresas extranjeras -además de SQM, mantiene porcentajes en otras tres compañías alrededor del mundo- es uno de los requisitos puestos por los reguladores de libre competencia para autorizar la fusión.

El mandato fue entregado hace unos 30 días, poco antes del reconocimiento público que hiciera Potash de las condiciones de los reguladores. La operación se está trabajando también en Chile, con la asesoría de Claro & Cía., quienes han colaborado con la minera canadiense en diversas oportunidades, siendo el abogado socio José María Eyzaguirre el encargado directo de la cuenta de la compañía canadiense. Además, Potash cuenta con abogados en Nueva York quienes están evaluando directamente el eventual interés del mercado en estas acciones.

Decisión del regulador

Si bien son las autoridades de cuatro países las que miran el negocio Potash-Agrium: Estados Unidos, Canadá, China e India, son los dos últimos los que más trabas han puesto. La definición de los reguladores, reconoció Potash a comienzos de septiembre, es que se desprenda de al menos tres de ellas. Así, sería esta la razón que explica la decisión de Potash, que no tenía entre sus planes deprenderse del 32% de SQM.

Cercanos a las cascadas que controlan SQM señalan que se vieron sorprendidos por la decisión de Potash, pues ellos también estaban conversando con potenciales interesados, luego que se decidiera que el anterior proceso de traspaso de las acciones que Oro Blanco mantiene en Pampa Calichera, sociedad a través de la cual Julio Ponce controla SQM, quedaba nulo. Las mismas fuentes ven muy probable que los eventuales interesados en esta participación se fueron a conversar con Potash.

Cabe señalar que el proceso de venta de acciones de Oro Blanco fracasó, según SQM, porque los interesados pusieron condiciones “imposibles de cumplir” para el vendedor.

En el caso de Potash, según publicó ayer El Mostrador, el proceso se gatillaría formalmente en octubre.

Flanco abierto

Sin embargo, conocedores del proceso indican que Potash podría encontrarse con el mismo problema que tuvo Oro Blanco: que se mantiene abierta la pugna con Corfo por la discrepancia en el contrato de arrendamiento de pertenencias mineras en el Salar de Atacama. Uno de los puntos que preocupan es el tono que ha mantenido el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, quien ha dicho que no es posible alcanzar un acuerdo si Julio Ponce, controlador último de las sociedades cascadas, se mantiene ligado a ellas. Bitran viene exigiendo un cambio de control real, más allá que Potash con Ponce firmaran en mayo un acuerdo para actuar de manera consensuada en SQM, sin el voto dirimente del presidente del directorio, cargo que ejerce Eugenio Ponce, hermano de Julio Ponce.

Hoy, la empresa canadiense tiene tres directores en SQM, mientras que Ponce y las cascadas, junto con sus socios japoneses de Kowa, tienen cuatro. Un octavo director es nombrado por los tenedores de ADR de EE.UU.

Esto se ha dado, además, en medio de un fuerte rally de las acciones de SQM y de las sociedades cascadas en la Bolsa de Santiago y, en el caso de la minera, también los ADR. En el parqué santiaguino, los papeles serie B de SQM, quen han rentado 15,95% desde el 11 de septiembre, se transan en sus máximos niveles históricos.

Dado este incremento, el valor bursátil del 32% que la canadiense tiene en SQM hoy es de unos US$ 4.500 millones.

 

La Tercera

Senadores pagaron $6.200 millones a 324 asesores externos en cinco años

En estas últimas semanas, la Fiscalía Oriente está examinando los datos que están en la página de Transparencia de la Cámara Alta sobre los informes realizados por asesores entre 2012 y 2017.

Los senadores votando un proyecto de ley en agosto de 2017. Foto: Dedvi Missenne

Luego de que el 5 de septiembre la Fiscalía Oriente decidiera ampliar al Senado la investigación sobre presuntas irregularidades en asesorías parlamentarias que lleva hace un año respecto de la Cámara de Diputados, hoy el equipo de persecutores están en pleno proceso de recolección de antecedentes.

Hace dos semanas, el Ministerio Público pidió al Senado el detalle de las asesorías desde 2011 hasta la fecha, lo que fue reiterado esta semana tras la negativa del Parlamento. Esta solicitud se hizo luego de que una investigación de Radio Biobío revelara un presunto “copy-paste” en un conjunto de asesorías parlamentarias pagadas con las asignaciones del senador y candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, a la oficina Beltrán Asociados Spa, del abogado Omar Beltrán Valle, quien habría realizado trabajos verbales, telefónicos e informes.

El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, junto al jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, y su par Pablo Norambuena, están examinando información que está en la página web del Senado por Ley de Transparencia.

Entre los cruces de datos que están realizando los persecutores, está cuánto dinero se gastó en asesorías externas entre 2012 y 2017 en total y segregado por año. A esto se suma la elaboración de una lista con los senadores y cuántos trabajos de este tipo encargó cada uno de ellos durante el mismo periodo. También se está realizando una planilla con todos los asesores externos -tanto personas naturales como jurídicas- y cuántos servicios prestaron durante esos cinco años y medio. Con ello, el Ministerio Público está haciendo un ranking con los senadores que más asesorías requirieron. Lo mismo están haciendo con los asesores, estableciéndose cuáles son los que más prestan servicios.

La Tercera hizo una análisis de los antecedentes que están en esa base de datos pública con la que está trabajando la fiscalía. En total, entre enero de 2012 y julio de 2017, 51 senadores gastaron $ 6.200 millones en pagar a 324 asesores por la realización de 4.505 trabajos (ver infografía).

El que más dinero desembolsó por este concepto fue el PPD Guido Girardi con $ 200 millones, seguido por el RN Francisco Chahuán con $ 199 millones y su par del mismo partido Alberto Espina con $ 195 millones. Ellos son parte del grupo de los 21 parlamentarios de esta Cámara que han encargado asesorías entre enero de 2012 y julio de 2017.

En cambio, el RN Baldo Prokurica, quien también es parte de este periodo, fue el que menos fondos gastó con $ 67 millones, seguido por Ignacio Walker (DC) con $ 83 millones. Así, el promedio de gasto por asesorías externas por senador es de $ 168 millones.

Girardi dijo que “en esa asesoría la mayoría de mi equipo es gente que trabaja conmigo colaborando en el Congreso del Futuro (…) esto se hace en 10 regiones del país y ha tenido 25 mil personas que han participado, se invita a 80 científicos internacionales, intelectuales, más 50 chilenos”.

Los asesores

En total son 280 personas naturales y 44 personas jurídicas registradas como colaboradores externos a la Cámara Alta durante el periodo analizado. De ellos, la persona natural que ha recibido la mayor cantidad de dinero por sus servicios legislativos es Manuel Benítez Gibbons, abogado que asesora al senador Carlos Bianchi (IND.), con un total de $ 190 millones.

Según publicó Ciper en marzo, en el marco del caso en que la fiscalía investiga presuntos delitos tributarios de pesqueras vinculados a campañas políticas, Benítez registra una boleta por $ 6,6 millones del 22 de enero de 2013 a Lota Protein. En esa misma fecha, Benítez asesoraba a Bianchi “en materia de proyectos de ley según informe”, con una remuneración de $ 2,8 millones.

Consultado Bianchi sobre cuáles son las labores que Benítez realiza, detalló que “lleva conmigo 12 años trabajando en las asesorías, redacta la mayoría de mis proyectos de ley”. Explicó que “puede llamar la atención como un asesor de persona natural, pero en mi caso no tengo institutos ni instituciones, por mi condición de senador independiente”, que realice asesorías.

El segundo asesor que más dinero ha percibido del Senado es el abogado y ex candidato a diputado Juan de Dios Parra Sepúlveda, quien asesora al senador PS Juan Pablo Letelier. De acuerdo con los registros, Parra recibió $ 169 millones por concepto de asesorías a la Cámara Alta. Al respecto, Letelier indicó que “él es mi mano derecha. Es mi asesor principal hacer más de ocho años. Es un abogado con el que trabajo en los más diversos temas. Fue secretario general de la Asociación Latinoamericana de DD.HH.”.

En el tercer puesto está el ex jefe de gabinete de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar Muñoz, quien percibió en total $ 119 millones. El asesora a Espina y a la UDI Jacqueline van Rysselberghe. “Soy abogado de la UC, master en Derecho y postítulo en Derecho Internacional de los DD.HH. Tengo amplia experiencia en materias constitucionales, de derecho parlamentario y de DD.HH. Trato de abarcar las asesorías de un modo integral, no es solo la elaboración de una minuta específica para que el senador tenga presente, sino que también la elaboración de proyectos de ley, indicaciones y documentos jurídicos”, dijo. Detalló que ha asesorado -al menos- en 22 proyectos de ley.

Según Espina, “él tiene un pago mensual y trabaja conmigo desde agosto de 2014. Es un asesor de primer nivel que ha trabajado los proyectos más relevantes de la Comisión de Constitución y algunos del gobierno anterior. No es que me preste asesorías ocasionales, sino que es un asesor fijo”.

En relación a las personas jurídicas, quien lidera el ranking de mayor dinero percibido es el Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), con $ 321 millones por un total de 121 asesorías. La sociedad fue contratada por el ex PS Fulvio Rossi, quien encargó 66 asesorías, y el PPD Jaime Quintana que requirió las otras 55, quien señaló que “es una empresa con años de experiencia en asesorías, que presta servicios a varios parlamentarios de centroizquierda. En mi caso elaboran minutas e informes, seguimiento de comisiones y Sala, asesoría en proyectos de ley”.

La lista continúa con el Instituto Libertad que recibió en total $ 217 millones y fue contratado por Chahuán, Espina, Prokurica, Carlos Larraín (RN), José García Ruminot (RN) y Manuel Ossandón (RN). Su director ejecutivo, Aldo Cassinelli, explicó que “cada informe o contrato equivale al valor de $ 1 millón más o menos”. Además explicó que luego de darse a conocer lo del “copy-paste”, “Instituto Libertad hizo un nueva instrucción bibliográfica para el tratado de las citas a sus asesores”.

La tercera entidad más beneficiada por los legisladores es el Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades) con $ 194 millones. De las 64 asesorías realizadas por esta entidad, 63 fueron encargadas por el DC Jorge Pizarro, quien dijo que sus servicios consisten en “información, asesorías, detalles de procedimientos legales, trabajos en comisiones, informes, documentos, distintas cosas dependiendo de la necesidad. No siempre he trabajado con esta corporación, pero de hace ya varios años que lo hago”.

 

 

La Tercera

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