Por Christian Scheinpflug / The Santiago Times
Palabras: 2456
El humorista chileno Bombo Fica, en su conocida rutina realizada en el Festival de Viña 2012 sobre la “tarjeta master plop”, se burló de los métodos mafiosos con los cuales las entidades financieras hacen su negocio. El cómico describe un viaje grotesco mientras que intenta desvincularse de una tarjeta de crédito no solicitada que misteriosamente sigue sumando cargos por seguros tampoco solicitados. Más que un simple acto, el show de Bombo Fica fue una descripción bastante exacta, aunque cómicamente relatada, de la manera en que la industria financiera chilena caza a sus presas – sin escrúpulos ni vergüenza, avivada por un sentimiento de autoridad.
Las instituciones financieras del país operan de forma similar a las mafias; primero imponen un “servicio” y posteriormente hacen que la víctima pague. Pero en contraste con las estafas de la mafia, que más bien se alimentan de la economía, las instituciones financieras chilenas constituyen un pilar de la economía.
Grandes bancos siguen aterradoramente de cerca la situación que Bombo Fica satirizó. En un caso un banco dio una tarjeta de crédito a un cliente, aún sin haberla solicitado, luego de abrir una cuenta corriente para su negocio. La tarjeta debía ser activada por el cliente, mediante una compra o por confirmación en una de las sucursales del banco, pero como el cliente nunca hizo nada de esto, se despreocupó de la tarjeta. Una vez que el cliente cerró su cuenta, fue informado que contaba con una deuda, la cual sería denunciada a la Superintendencia de bancos e instituciones financieras (SBIF), la comisión de vigilancia de la industria. Desconcertado sobre esta notificación, porque inicialmente el empleado del banco le dijo que su cuenta tenía un balance positivo, el cliente preguntó de dónde se originó la deuda. Resultó que se trataba de la carga anual de la tarjeta de crédito de CLP$ 68.000 para 2016 más el honorario del mantenimiento de CLP$ 5.000 para cada mes de ese año. ¿Cómo es posible en una tarjeta que él nunca solicitó, nunca activó y nunca utilizó? Bien, el banco lo había relevado de esta molestia al cargar el honorario anual directamente a su tarjeta, con lo cual la activó y, por ende, se tomó la atribución para descontar de la cuenta cualquier cuota y coste de mantenimiento de la tarjeta. De este modo, desde que el cliente cerró su cuenta y rechazó pagar esa ‘deuda,’ el banco, a través de encargados del call center, ha sido atormentado con llamadas telefónicas, incluso ilegalmente fuera de las horas de oficina.
Otro caso, de 2010, que involucra a otro reconocido banco local, enfatiza la forma en la que el banco toma atribuciones, a pesar de que admite un error. Una cajera del banco consiguió que una amiga suya abriera una cuenta, para ayudarla a alcanzar la meta y recibir un bono. (Las metas, o ‘incentivos,’ son de uso general, ya que mantienen los salarios básicos bajos y presión fuerte, en tanto que los empleadores monetizan las relaciones sociales de los empleados.) La amiga, sin embargo, nunca utilizó la cuenta, pero al cerrarla se enteró de que estaba en la mira con una deuda de aproximadamente CLP$ 60.000. Una breve investigación demostró que el dinero fue cargado a su cuenta accidentalmente cuando alguien sin relación cobró un cheque y el empleado del banco se equivocó al escribir el número de cuenta, inscribiendo así la cuenta vacía que fue abierta puramente como favor. Puesto que el banco no podía encontrar el dinero en esa cuenta, cargó el dinero a la línea de crédito, que, por lo tanto, acumuló pagos de interés a favor del banco. Aunque estos pasos habían sido realizados por el banco, este de todas formas insistió en los pagos de interés – los que se habían generado únicamente por error de la misma entidad.
Es difícil ver en estos casos la teoría liberal del capitalismo, que sostiene que la innovación y la perspicacia de negocio dan derecho de lucro a las compañías. Sin embargo, tal comportamiento predatorio hace sentido cuando no se considera el capitalismo solamente como sistema económico, pero más ampliamente como sistema social que, cual feudalismo, mantiene segmentos de la sociedad bajo control en la medida que los explota para beneficio económico. Esto también explicaría por qué el préstamo predatorio (no solo la estafa con tarjetas de crédito) es enteramente legal.
Iván Mella, director de Defensa Embargos, una firma legal que se especializa en la defensa de las víctimas del abuso financiero, afirma claramente que es imposible procesar a las instituciones por estos actos, ya que no existen leyes o regulaciones que proscriban tal comportamiento. La razón más plausible de esta negligencia legislativa es que estas instituciones gozan de sustancialmente más poder que los clientes individuales. Los bancos, por ejemplo, financian campañas electorales, de modo que aunque no corrompen explícitamente a políticos, los representantes tienen muy claro quién está en deuda. Pero a pesar de esto, en todas las elecciones presidenciales surgen los candidatos renegados que critican el papel de los bancos y las élites, aunque a menudo estos candidatos realizan campañas torpes. Estos candidatos pueden tener pocas oportunidades de ganar, pero señalan otra dimensión del poder financiero, a saber, que la mayoría de estos negocios depredadores son propiedad de los más ricos del país, que presiden como señores feudales sobre la economía y los medios de comunicación, y que tienen, por lo tanto, el poder de hacer o romper las carreras de políticos. Es esencial para el trabajo de los políticos tener la aceptación de esta ‘sobre-clase,’ conocida popularmente en Chile como “la dueña del país.”
La impunidad que resulta de tales relaciones de poder, junto con el control sustancial de las élites sobre la economía, facilita la introducción de los métodos mafiosos en otras industrias como la venta al por menor. CMR, por ejemplo, es el brazo financiero de Falabella, minorista dominante de Chile que actualmente se expande a toda América Latina. El abogado Mella identifica CMR como especialmente despiadado, incluso “maquiavélico.” Él se ocupa de casos en los que ejecutivos de venta de CMR emboscan a trabajadores de construcción fuera de sus sitios de trabajo. Este demográfico pertenece a la clase baja-media con una renta mensual de CLP$ 280.000 a CLP$ 600.000. Según el señor Mella las principales víctimas pertenecen a esta clase. Una de las razones por las que este grupo es víctima desproporcionadamente de tales estafas radica en el sistema de educación, en el que colegios públicos, descuidados de manera criminal, a menudo generan deficiencias de matemáticas y lenguaje en los alumnos, problemas de los que para las clases bajas y bajas-medias es difícil de escapar. Cuando los vendedores de CMR recogen dichos trabajadores, se les ofrecen créditos de consumo que muchas veces son cuatro veces su ingreso bruto mensual. También les llaman por teléfono a su casa. Los esclavos de los call center les ofrecen entonces, con un lenguaje intencionalmente confuso, un crédito cuyos términos siguen siendo más bien retorcidos.
Muchas personas, aparte de ser dejadas en la oscuridad, aceptan los términos porque no pueden resistirse a las técnicas altamente manipuladoras aplicadas, y porque las vacaciones familiares o el televisor de pantalla plana están a su alcance. No obstante, los depredadores financieros permiten a sus víctimas solamente un período corto de alegría. Apostaron a la incapacidad de las víctimas de continuar sus pagos en cierto punto del tiempo. Cuando sucede eso accionan una cláusula conocida como “de aceleración”, que les da el derecho de declarar que el prestatario no cumplió el contrato. Puesto que ven el contrato no cumplido, los prestamistas piden el resto de su dinero, que, por supuesto, los prestatarios no pueden pagar. Arruinar prestatarios de esta manera los hace vulnerables para convenir un nuevo contrato bajo peores condiciones, lo que constituye simplemente el comienzo de una nueva ronda de desastre. Esta táctica se aplica sin piedad. El señor Mella dice que algunos clientes se demoraron con el pago solamente por dos meses consecutivos, pero podrían pagar todo eso con un solo pago en el tercer mes. Los bancos o los retailers rechazaron eso, y en vez de un solo pago forzaron un nuevo contrato y, en un paso final, un juicio ante el tribunal con el objetivo de reposesión. A los prestamistas no les importan las cuotas mensuales, ellos desean exprimir a sus víctimas; una práctica que el geógrafo David Harvey identificó como ‘acumulación por el desposeimiento’. De hecho, este procedimiento vincula el feudalismo y el capitalismo neoliberal contemporáneo; se permite trabajar la tierra, pero no se deja a las víctimas libres, por lo menos hasta que paguen lo que desea el patrón.
El señor Mella confirma que algunas instituciones admitieron préstamos de CLP$ 2 millones, pero invocaron la cláusula de aceleración hasta poder recobrar la casa de las víctimas con un valor muchas veces más alto. Esta cláusula es un instrumento diabólico que toca las consonancias de la sociedad consumista.
El combustible para ambas estrategias viene de distribuidores de los datos. Muchos chilenos menosprecian la privacidad y no tienen en cuenta las consecuencias de distribuir sus datos tales como su email o su número único de identificación (RUT). La gente no tiene ningún problema, por ejemplo, dando su número en la caja del supermercado a cambio de un descuento. Los negocios compensan estos descuentos vendiendo estos datos a las compañías que a menudo describen su trabajo como ‘digital marketing.’ Estos [magos] enriquecen los datos y los procesan en bases de datos vendibles (pero ni Dios sabe lo que hace el Estado de la vigilancia con este tesoro). Las bases de datos – categorizadas según dirección, nivel de ingresos, y un sinnúmero de otros parámetros -, posteriormente son compradas por las mismas entidades que las recogieron en primer lugar, siendo cadenas de supermercados o prestamistas rapaces, que muchas veces son uno y el mismo. Los ciudadanos suministran inconscientemente y de forma gratuita la materia prima a una industria de mil millones de dólares, la cual ayuda a los prestamistas a seleccionar a sus presas de forma cada vez más precisa.
La única defensa tras ser atrapado por tales prestamistas es deshacerse de cualquier posesión material, ya sea simplemente vendiéndola o poniéndola en una Sociedad Anónima, básicamente un acuerdo de negocio que pertenece a nadie. Cualquier persona con conocimiento de la contabilidad puede construir tales vías. Si los prestamistas enfrentan tal barrera no tienen otra opción que “archivar como ‘incobrable’” la deuda, dice el señor Mella. Pero mientras que esto puede rescatar prestatarios de quedar sin ropa, sus expedientes todavía entran DICOM, el registro de la deuda, que los empleadores potenciales comprueban rutinariamente. Consecuentemente, muchas víctimas tienen dificultad para obtener trabajo nuevo, conseguir otro préstamo o una promoción de empleo. Esto impide la creación de nuevos negocios y la real movilidad social ascendente, dañando no solo vidas individuales, sino también la prosperidad nacional.
Los peligros macroeconómicos de este comportamiento se subestiman por razones educativas y socioeconómicas. Primero, ni las universidades más prestigiosas habilitan a sus estudiantes para desarrollar un sentido del riesgo sistémico. Por eso las instituciones financieras están llenas de los aprendices de [magos, que pueden pensar en crear maneras de cómo forjar a la población pero no en las consecuencias de largo plazo. Una razón de tal déficit educativo es la subversión total del conocimiento académico a los intereses corporativos. Muchas universidades suelen ser propiedad directa de la élite del país, pero incluso en universidades públicas, como la supuestamente estelar Universidad Católica, muchas clases individuales son “patrocinadas” por empresas privadas, que suministran material que dirige el pensamiento de los estudiantes a objetivos empresariales y elitistas. El déficit educativo es amplificado por la capacidad del establecimiento de desviar arrebatos públicos de indignación a través el control de los medios principales, que se centran en crímenes de calle y farándula. Por otra parte, especialmente los medios de comunicación impresos, se mofan incluso de las iniciativas social-demócratas, tildándolas de tonterías bolshevistas. Esto previene cualquier oportunidad de debate y sostiene una incestuosa clase dominante como el gran benefactor de un sistema inestable. Es una receta para la crisis recurrente.
Históricamente, la depredación de los ciudadanos mediante la formación de carteles y préstamos confusos, seguidos de rescates financiados por los contribuyentes, es la esencia de la economía chilena y el modelo preferido de su élite. En 1878, por ejemplo, según los Historiadores Simon Collier y William Sater, el sistema financiero se derrumbó debido a los préstamos imprudentes de los bancos. El estado después tuvo que inyectar dinero de los contribuyentes y rescatar los bancos. Lo mismo sucedió en 1982, debido a las reformas -denominadas como ‘liberales’- de los Chicago Boys y violentamente impuestas por la dictadura cuasi-fascista a partir del año 1974. La reestructuración neoliberal incluyó un “almuerzo gratis” para los bancos en forma de garantías estatales para cualquier préstamo. La seguidilla de préstamos resultante inevitablemente llevó a una ruptura y el Estado tuvo que gastar recursos porque los bancos gastaron dinero que no tenían ni podrían adquirir con los reembolsos de préstamo. El paquete de rescate incluyó un plan de 40 años, lo que implicó que en solo cinco años más el Estado, y por lo tanto cada persona incapaz de mover su patrimonio a los paraísos fiscales como Liechtenstein o Panamá, habrán pagado por la imprudencia de los bancos, sin siquiera haber adquirido algún derecho de propiedad que supuestamente venía ligado con el intercambio de dinero. Tanto la crisis de 1878 como la de 1982 eran de carácter sistémico, pero apenas son mencionadas, mientras que la crisis de principios de los 70, inducida artificialmente por una potencia extranjera y la burguesía local, aparece cada vez que se ejercen demandas para mejorar los servicios públicos.
De esta manera todo se mantiene como siempre, en tanto que siguen repercutiendo las consecuencias de las crisis de 1878 y 1982. En la contabilidad, el crédito de consumo o la deuda de tarjetas de crédito, ya sea solicitado o forzado en los recipientes, constituye un ingreso instantáneo para las instituciones respectivas. No obstante, este ‘ingreso’ sigue siendo una ficción hasta que llega el último peso, pero los [magos financieros] mantienen la ilusión con trucos de contabilidad. Cuanto más grande es la institución, más trucos se pueden desempeñar. Tales prácticas hacen parecer sano un negocio que realmente está endeudado, y peor aún, hacen que la economía se vea más bonita de lo que es. Pero dado el déficit educativo y el potencial explosivo del problema de la deuda, nada se cuestiona hasta que es demasiado tarde, como ha sucedido antes.
Mientras tanto, algunos celebran los logros extraordinarios de la economía de Chile y otros adoran el espejismo de la movilidad ascendente de la clase del consumismo impulsado por el crédito. La melodía sigue sonando, pero tarde o temprano alguien debe limpiar el desastre. ¿Adivina quién?
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No se pudo contactar a ningún banco o retail que ofreciera comentarios.
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